EE UU reanuda la ayuda militar a El Cairo.


Un soldado supervisa la entrada a un colegio electoral en Egipto

Gradualmente Estados Unidos vuelve a acercarse a Egipto. Diez meses después del golpe de Estado que derrocó al presidente Mohamed Morsi, Washington camina hacia la reconciliación con el Gobierno del general Abdel Fatá al Sisi, seguro vencedor de las elecciones que culminaron este miércoles. La Administración de Barack Obama ha decidido reanudar parte de la ayuda militar que otorga a El Cairo desde hace más de tres décadas y que recortó en octubre como castigo por la sangrienta represión a los partidarios de los Hermanos Musulmanes, y como una medida de presión para acelerar la transición. Pero ahora el diagnóstico ha cambiado. Pese a que el deterioro democrático se ha agudizado dramáticamente, la realpolitik que dominó la relación desde los años 70 se ha vuelto a imponer en la Casa Blanca. “En Egipto admitimos que nuestra relación está anclada en intereses de seguridad. Así que no hemos cortado nuestra cooperación”, afirmó este miércoles el presidente Obama en un discurso sobre su estrategia de política exterior. “Pero podemos y seguiremos presionando persistentemente para las reformas que el pueblo egipcio ha demandado”. 

El Departamento de Defensa anunció a finales de abril el envío al Ejército egipcio de diez helicópteros de combate Apache y de una ayuda económica de 650 millones de dólares (478 millones de euros) la mitad de lo que le proporcionaba anualmente para programas de seguridad. En octubre, tras tres meses de debate interno, Washington suspendió, al margen de los helicópteros, las ventas previstas de tanques, aviones de combate y misiles; y la concesión de 260 millones a El Cairo. Pero mantuvo la financiación en programas de seguridad, antiterrorismo y fines sociales. La reanudación actual, pese a ser parcial, supone un espaldarazo mayúsculo al régimen de Al Sisi pero sobre todo una constatación, al fracasar la estrategia de presión de octubre, de la paulatina pérdida de influencia de EE UU en un país que hasta el estallido de la Primavera Árabe hace tres años era su principal aliado árabe en el inestable tablero de Oriente Próximo. “Puede ser vista como un retorno a la era Mubarak [que presidió Egipto entre 1981 y 2011]: mientras se protejan los intereses de seguridad de EE UU, no tocaremos la cooperación ni usaremos realmente nuestra influencia para asuntos políticos o de derechos humanos”, apunta por teléfono Cole Bockenfeld, analista del Proyecto de Democracia en Oriente Medio, una organización con sede en Washington. 

Washington concede ayuda militar a El Cairo desde los acuerdos de Camp David de 1978, que derivaron al año siguiente en un tratado de paz entre Egipto e Israel. EE UU la ha usado siempre como un modo de granjearse una posición dominante en un país estratégico. El acercamiento de la Casa Blanca a Al Sisi no ha gustado nada a grupos de derechos humanos y algunos sectores políticos, hasta el punto que el paquete económico está paralizado en el Capitolio. “Dado el claro rol que han jugado los militares en los abusos, enviar ayuda militar es una señal equivocada en un momento equivocado”, sostiene Joe Stork, director adjunto de la división de Oriente Próximo de Human Rights Watch. “EE UU tiene que dejar claro que Egipto ha cruzado la línea. No podemos seguir con los hábitos de siempre cuando se están produciendo abusos de esta escala con absoluta impunidad”. Se estima que desde el golpe de julio más de 1.400 manifestantes han fallecido y unos 15.000 miembros de los Hermanos Musulmanes han sido encarcelados. Ante las críticas, la Administración justifica la reanudación en el auge de la amenaza terrorista en la península del Sinaí y en la trascendencia de la relación, mientras en paralelo se declara profundamente perturbado por el retroceso de derechos en el país. A diferencia de la venta de los helicópteros, la concesión de la ayuda económica requiere de la aprobación del Congreso, lo que por ahora está en riesgo. 

El influyente senador demócrata Patrick Leahy, recorriendo a su potestad como presidente del subcomité que supervisa la asistencia exterior, lleva vetando desde el primer momento el paquete y tiene previsto hacerlo hasta que perciba evidencias convincentes de que El Cairo está comprometido con el respeto a la ley. El detonante fue la farsa de juicio que a finales de abril condenó a muerte, en menos de una hora, al líder de los Hermanos Musulmanes y a 682 partidarios de la organización islamista, que fue ilegalizada tras el golpe de Estado. Un mes antes ya habían sido sentenciados a la pena capital otras 529 personas. Varios senadores republicanos también han criticado la decisión de reanudar la asistencia, aumentando la presión hacia Obama. Una ley, promovida precisamente en su día por Leahy, prohíbe a la Casa Blanca ayudar a los ejecutivos golpistas. Muy consciente de esta realidad, el Gobierno evitó en todo momento dar ese calificativo a la asonada que derrocó en julio a Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en Egipto. En un ambiguo juego de equilibrios, Washington, que veía en Morsi un interlocutor incómodo, llegó a afirmar que los generales lo depusieron para restaurar la democracia, a la vez que les instaba, con escaso éxito, a evitar la violencia y no aislar a los Hermanos Musulmanes. 

No es una situación nueva. Ya en 2011 Obama reaccionó inicialmente con ambivalencia a las protestas contra Mubarak, atrapado en un dilema entre el respeto a las reivindicaciones democráticas y el temor a perder a un interlocutor clave con un rol estabilizador en Oriente Próximo. Aunque acabó suspendiendo temporalmente esa ayuda para forzar la salida de Mubarak y la reanudó tras su destitución. La tibieza con Egipto contrasta con la rápida condena de la Administración a la reciente asonada en Tailandia y con el lenguaje empleado -la tildó sin tapujos de “golpe militar”. Tailandia también recibe asistencia económica y militar de EE UU, pero en proporciones mucho menores y carece de la relevancia geopolítica de Egipto -el país árabe más poblado, fronterizo con Israel y surcado por el canal de Suez. Bockenfeld atribuye a dos factores el viraje de la Casa Blanca. Por un lado, al incremento de los ataques terroristas en el Sinaí; y por el otro, a una intensa pérdida de influencia de EE UU desde el golpe. Con la retirada parcial de la ayuda, Washington buscaba forzar un giro democrático del Gobierno egipcio. El fracaso de ese empeño ha propiciado, según el analista, que se impongan las tesis de quienes contemplan, sobre todo en el Pentágono, esa ayuda como un modo de presión a los militares egipcios que permita influir en la transición democrática. 

 En el trasfondo se libra una batalla entre dos filosofías: los que creen que hay que devolver la relación a la esencia de las últimas décadas, con una cooperación esencialmente militar para más adelante abordar asuntos políticos más espinosos; enfrente de quienes propugnan que el contexto ha cambiado y que “la relación es inherentemente inestable si no se basa en derechos universales y reformas políticas”. Por ahora, Obama se ha decantado por la primera opción, aunque solo el tiempo dirá cuál es el verdadero grado de paciencia de su Administración con la involución democrática en Egipto. Hace unos días el secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo que a Egipto le queda un largo camino para reparar su relación con EE UU, a lo que un alto cargo militar añadió que dependerá de si El Cairo progresa en su transición política. En junio de 2009 en El Cairo, en su famoso discurso en el que abogó por una nueva era con el mundo musulmán, Obama manifestó que apoyaría en cualquier lugar el respeto a la independencia judicial y a las libertades básicas. Mucho ha llovido desde entonces, pero la realpolitik se sigue imponiendo a las palabras. (J.R.G.)


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